(Fragmentos del libro ‘Los gobiernos españoles contra las libertades’)
No podemos negar que gran parte de estos recortes de libertades se hace con la complicidad de importantes sectores de la población que, indignados ante determinados delitos o atentados, o simplemente asustados, piden mayor contundencia policial, aplauden mayores penas, mayores vigilancias y menos garantías judiciales. Todo ello sin pensar que cualquiera, uno mismo, puede ser víctima de una actuación policial desproporcionada, una prisión preventiva desmedida, una pena excesiva o una mala interpretación de la ley.
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El caso español es doblemente grave porque, tras la muerte de Franco, se han mantenido residuos legislativos de la dictadura, hábitos policiales abusivos y estructuras judiciales represivas. Con el paso de los años, los sucesivos gobiernos –de UCD, del PSOE o del PP– no sólo no han avanzado en libertades, sino que han ido aportando cada uno de ellos su granito de arena con el objetivo de perseguir las actitudes ciudadanas que les resultaban incómodas. El último gobierno del PP ha puesto la guinda con una batería de legislaciones que, como luego veremos, ha llevado a España a protagonizar la preocupación de las organizaciones internacionales. En febrero de 2016 un manifiesto suscrito por relevantes figuras internacionales denunciaba que «los sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las libertades fundamentales». También recuerdan que «la llamada “Ley Mordaza” permite los “registros preventivos”, blinda a la autoridad policial frente a la palabra de los encausados y generaliza las multas para hechos no tipificados con contenidos claros, permitiendo el arbitrio y la discrecionalidad. Esta ley constituye la última de las modificaciones punitivas y restrictivas de derechos realizadas». Con estas palabras, figuras internacionales como Noam Chomsky, Antonio Negri o Tariq Ali se manifestaban «Por las libertades civiles en España y en Europa».
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Este libro analiza esas legislaciones y reformas, pero también las anteriores, para llegar a la conclusión de que los españoles hemos vivido un irregular pero constante ataque a nuestras libertades desde la Transición. Ni la lucha contra el terrorismo –interno o externo–, ni la persecución de la delincuencia o la violencia en manifestaciones o huelgas, ni cualquier otra de las excusas esgrimidas por los gobiernos justifican ese recorte de derechos.
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Ley Mordaza
La Ley Mordaza se extiende, principalmente, en castigar las libertades públicas y derechos fundamentales de reunión y manifestación, protegidos y reconocidos no sólo por la Constitución, sino también por los tratados internacionales firmados y ratificados por el Reino de España. El gobierno del Partido Popular se ha mostrado muy preocupado por el ejercicio ciudadano de los derechos a la reunión y manifestación, desasosiego que sólo se puede entender desde un ejercicio autoritario del poder.
En los años más duros de la crisis, las amplias movilizaciones populares que desencadenaron los recortes del Gobierno no ocasionaron graves problemas de seguridad ni alteraron la convivencia ciudadana. De hecho, las diferentes manifestaciones no fueron motivo de preocupación por la gran mayoría de la población. Lo usual es que todo tipo de manifestaciones sean pacíficas, incluidas las no autorizadas, y que los incidentes sean la excepción. Así como el hecho de que en estas excepciones suele ser una actuación policial desproporcionada el factor desencadenante de los disturbios. Por tanto, no tiene justificación el desequilibrio actual entre los derechos-deberes de las policías y los de los manifestantes. Las unidades antidisturbios de las diferentes Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza) han actuado y lo siguen haciendo de forma muy agresiva contra ciudadanos que ejercen de forma pacífica sus derechos reconocidos constitucionalmente, tales como la manifestación o la huelga. Estas agresiones no guardan ninguna proporción entre el «mal» que pretendían evitar y los medios utilizados y las lesiones causadas. No se discute que el aparato estatal ostente el monopolio de la violencia en el marco del Estado de derecho, pero sólo debería hacer uso de ella cuando es imprescindible y, siempre, de forma proporcionada.
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El procesamiento de los titiriteros
La situación llegó al paroxismo con el encarcelamiento en Madrid en febrero de 2016 de dos titiriteros por representar una obra de ficción. El procesamiento de los dos titiriteros supondría un juicio sin precedentes en España. El motivo de la detención fue que una pancarta con el juego de palabras «Gora Alka-ETA» aparecía en manos de uno de los personajes del guiñol, al que alguien le coloca el cartel encima precisamente para contar una historia de incriminación policial. Ni siquiera el personaje de la ficción arengaba la existencia de ninguna organización terrorista.
Desde que se introdujo el delito en el Código Penal, en el año 2000, nadie ha sido juzgado por enaltecimiento del terrorismo en el contenido de una obra de ficción. Es decir, de entre toda la ficción cultural producida en España durante 15 años, no hay ningún caso que haya merecido un procedimiento judicial contra sus autores por enaltecimiento del terrorismo.
Lo más similar que se ha juzgado al caso de los titiriteros, según el histórico de jurisprudencia, son dos sentencias por «enaltecimiento del terrorismo» en obras musicales. Uno de ellos es el caso del rapero Hasél, que fue condenado por la Audiencia Nacional en 2014 a dos años de prisión por subir canciones a Youtube enalteciendo, según el juez, las acciones de distintas organizaciones terroristas. El otro caso es el del grupo Soziedad Alkohólica, absuelto en 2006 por criticar en sus canciones las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En el fallo, la ponente, Clara Bayarri, proponía que se extreme el cuidado con el juicio a este tipo de delitos, para que no se convierta «en un instrumento dirigido a controlar la disidencia política».
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Lo que hoy se hace llamar «democracia»
El pensamiento único dominante dicta que en una democracia no hay opresión, y como vivimos en un régimen democrático no tenemos más opción que asumir lo que hagan nuestros gobiernos. Lo que hoy se hace llamar «democracia» es la institucionalidad burguesa de la separación de poderes y la participación popular mediante elecciones representativas surgida de la Revolución francesa. Este modelo ni es el único modelo ni el más democrático. Democracia significa que gobierna el pueblo, pero cada vez son más las personas que no ven que sea eso lo que sucede en España o en cualquier país occidental. Más bien los últimos acontecimientos en Grecia, con gobiernos electos sin ninguna capacidad de maniobra, indican que se gobierna contra las decisiones del pueblo. Aun así podríamos convenir que incluso siendo teóricamente democráticos los regímenes europeos, este sistema no impidió la transformación de un gobierno democrático, como era la República de Weimar, en un régimen nazi en la Alemania del periodo de entreguerras.
Juan García Mollá
Ha sido letrado de la Administración de Justicia en juzgados de Violencia sobre la Mujer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y en juzgados de lo Penal. Ha publicado anteriormente un libro sobre asistencia jurídica gratuita. Acumula más de 17 años de experiencia colaborando en diferentes medios digita-les y revistas impresas como El Viejo Topo o Herramienta. Actualmente colabora además con televisiones internacionales tales como TeleSur, RT o HispanTV, y en la Radio del Sur.
Pascual Serrano Jiménez
Periodista. Colabora habitualmente en una decena de publicaciones españolas y latinoamericanas sobre temas de comunicación y política internacional, entre ellas el mensual Le Monde Diplomatique y Eldiario.es. Es además miembro de los consejos de redacción de Mundo Obrero y de la revista satírica El Jueves.
Referencia internacional del periodismo crítico, tiene una docena de libros publicados, entre los que destacan Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo (2009); Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles (2010); Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryszard Kapuścinśki, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa (2012); La comunicación jibarizada. Cómo la tecnología ha cambiado nuestras mentes (2013); La culpa es de los libros. Escritos tras mis lecturas (2014) y La prensa ha muerto: ¡viva la prensa! (2014).
Los gobiernos españoles contra las libertades- Pascual Serrano, Juan García Mollá – Akal
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