A pesar de que Franco falleció en la cama el 20 de noviembre de 1975, el franquismo murió en la calle: la movilización en fábricas, barrios, universidades y calles, impulsada por el Partido Comunista de España y por la izquierda revolucionaria; las diferentes corrientes marxistas, libertarias, defensoras de la autonomía obrera y cristianas anticapitalistas… fueron los que pusieron la lápida sobre el dictador.
Las organizaciones anticapitalistas desempeñaron un papel decisivo en el desarrollo de los movimientos sociales, desde los más fuertes como el obrero, el vecinal, el estudiantil, el feminista y el pacifista, hasta los más pequeños como el de liberación homosexual, el de minusválidos, el ecologista o el de presos comunes. En su constitución defendieron diferentes proyectos políticos con elementos comunes, como la defensa de una ruptura con la dictadura, la reducción de la pobreza y las desigualdades, el fin de la subordinación de las mujeres a los hombres, una salida a la crisis que aliviara el paro por medio de la creación de empleo y con derechos y una estructura territorial respetuosa con las distintas identidades nacionales presentes en España.
Romper el consenso expone la historia de los miles de hombres y mujeres que se enfrentaron a la tortura, a la cárcel e incluso a la muerte para acabar con la dictadura. Miles de militantes que intentaron otra transición diferente a la que finalmente desembocó en una democracia similar a la de los países del entorno.
Gonzalo Wilhelmi es doctor en Historia contemporánea y ha publicado varios libros sobre el movimiento autónomo y libertario en Madrid durante el último cuarto del siglo XX y sobre las víctimas de la violencia política estatal en la transición. También es autor del guion del documental Ojos que no ven… sobre las víctimas del fascismo en España desde 1975.
Fragmentos extraídos del libro ‘Romper el consenso: La izquierda radical en la Transición (1975-1982)’:
• En noviembre de 1975, la muerte del jefe de Estado, Francisco Franco, no supuso el fin de la dictadura, que se mantuvo sin fisuras significativas, pero sí agudizó la crisis política, provocada por la fuerza del antifranquismo, principalmente el movimiento obrero, que había generado unas oportunidades de cambio político sin precedentes desde la Segunda República. Influir en el cambio pasaba a ser el objetivo principal de todos los actores políticos.
• Dentro del antifranquismo, la izquierda revolucionaria, perseguida y fragmentada, se marcaba su principal objetivo inmediato, el desmantelamiento del aparato de Estado de la dictadura como requisito para recuperar la democracia política y, desde ahí, abordar su propósito final: la superación del capitalismo y la creación de un sistema socialista.
¿Cuál fue finalmente el alcance del cambio? ¿Qué hizo y qué propuso la izquierda radical? ¿Con qué resultados? A estas preguntas intenta responder este libro, analizando no solo la línea política, sino también y sobre todo, la intervención social y las ideas de los militantes, los hombres y mujeres que impulsaban las luchas.
• En la último periodo de la Transición, la izquierda revolucionaria se mostró muy crítica con la estrategia de PCE y PSOE, de apoyar al Gobierno de UCD, una estrategia basada en la premisa de que la izquierda no tenía fuerza suficiente para lograr la democratización del Estado y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Para la izquierda mayoritaria, aceptar una democracia limitada sin eliminar los elementos autoritarios presentes en el nuevo sistema democrático, era un mal menor que evitaba una vuelta a la dictadura.
La LCR reconocía el desánimo entre los trabajadores y la desmovilización, pero consideraba que su causa era la renuncia de PCE y PSOE a impulsar la confrontación con la derecha. Tanto la formación trotskista como el MC consideraban que la desmovilización de la izquierda dejaba el campo libre a UCD y a las presiones de los poderes fácticos. Entre estos últimos citaba a la cúpula militar, fortalecida tras el 23-F, que trataba de «recortar los derechos civiles y políticos con la excusa de la actividad de ETA», la jerarquía católica, que tras aceptar su incapacidad de impedir una ley del divorcio intentaba que esta fuera lo más restrictiva posible y pugnaba por que el sistema de educación se amoldara a sus intereses y por último, los empresarios, que reclamaban una política económica «más neoliberal aún».
La política del PCE de consenso con la derecha, que colocaba a sus militantes en la incómoda posición de enfrentarse a los sectores más decididos a luchar, llegando incluso a romper las huelgas, provocó una grave crisis en el partido que mayor actividad había desarrollado en la lucha contra la dictadura. Esta crisis no pudo resolverse por medio del debate y la confrontación de posiciones debido a la deriva autoritaria de esta organización, en la que el secretario general acumulaba cada vez más poder de decisión. La falta de democracia interna impidió el necesario debate sobre el papel de la democracia en el socialismo y sobre la estrategia para avanzar hacia este desde las reformas y las libertades democráticas, un debate que los grupos de la izquierda revolucionaria tampoco consiguieron abordar.
• A pesar de que la izquierda radical planteó sus reivindicaciones dentro del marco poco efectivo de reforma o ruptura, en algunas zonas fue mayoritario el apoyo al gobierno provisional, al desmantelamiento del aparato de Estado franquista o al derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Este fue el caso de las provincias vasconavarras, donde el movimiento obrero estaba más radicalizado y comenzaba a mezclarse con el nuevo nacionalismo vasco de izquierdas y con los sectores sociales cada vez más amplios movilizados en contra de los abusos de la Policía y la Guardia Civil. Otra excepción fue la universidad, donde las actuaciones policiales indiscriminadas contribuyeron a que la ruptura y la depuración de los cuerpos policiales, que inicialmente solo eran defendidas por la minoría organizada en la izquierda radical, fueran asumidas por la mayoría de los estudiantes.
El PCE era el único partido con fuerza suficiente para generalizar la movilización por la ruptura en toda España sin necesidad de aliarse con otras organizaciones, pero consideró más importante conseguir su legalización al mismo tiempo que el PSOE, para concurrir a las elecciones en condiciones de igualdad y poder lograr así una mayoría en el Parlamento suficiente para llevar a cabo su programa. La estrategia de priorizar el acceso a las instituciones y dejar en segundo lugar la organización y la movilización social no logró los resultados esperados. La decisión del partido dirigido por Santiago Carrillo de sumarse a la reforma se apoyaba en el hecho de que enfrente había un régimen en crisis pero no en descomposición, cuyo aparato de Estado, especialmente los cuerpos represivos, no se dividieron, cómo si ocurrió en Portugal, donde con menos movilización se logró la ruptura y unos cambios más profundos gracias al apoyo de una parte del Ejército.
• La apuesta del PCE por la reforma era una posición legítima, pero no la única posible. La mayoría de quienes se movilizaban en empresas, barrios, universidades y calles no se pronunciaban por la ruptura, la democracia participativa, la república, la disolución de los cuerpos represivos o la autodeterminación (salvo en las provincias vasconavarras) pero tampoco por la reforma, la monarquía o el consenso con la derecha.
Siglo XXI de España Editores: ‘Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición (1975-1982)’
issuu.com: «Introducción. En el corazón de la lucha antifranquista»
Entrevista con Gonzalo W. Casanova con motivo de «España sin (un) franco. Congreso de pensadores nacidos después de 1975»
https://youtu.be/3lEaQMrqgoU?t=2m17s