La legalización del PCE fue un acontecimiento fascinante desde el punto de vista politológico, en el cual cada uno de los agentes dela negociación transfirió al otro aquello de lo que carecía. El gobierno concedió al PCE la legalidad procedente del Estado franquista y el PCE, en tanto que principal partido del antifranquismo, transfería al gobierno la legitimidad procedente de la lucha por la democracia. Aquella legitimidad era tanto mayor para el gobierno en la medida que su autoridad era reconocida por su adversario teóricamente más distante y realmente más potente. El PCE, sin embargo, salía ideológicamente desnaturalizado, al renunciar de hecho a su republicanismo, y políticamente maniatado, al asumir el compromiso tácito de no aprovechar al máximo su principal activo, la capacidad de movilización de su base social.
Hasta hacerse efectiva, la legalización del PCE tuvo que salvar serios escollos. Cuando el 9 de abril la decisión del gobierno se hizo pública, las declaraciones del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, hicieron temer un golpe involucionista. Las narrativas posteriores han descargado sobre la cúpula militar la oposición intimidatoria a la legalización del PCE, pero esta contó también con las declaraciones hostiles de numerosos políticos, periodistas e intelectuales luego reconocidos en la democracia postfranquista, desde Alfonso Osorio a Manuel Fraga, pasando por el periodista monárquico Torcuato Luca de Tena o el historiador Carlos Seco Serrano.
Para contener la hostilidad y disciplinar a sus bases Santiago Carrillo convocó el 14 de abril, efeméride de la proclamación de la II República, el pleno ampliado del Comité Central del PCE, el primero en España desde la Guerra Civil. Allí se produjo oficialmente el reconocimiento de la monarquía, la unidad indisoluble de la nación española y la bandera procedente de la dictadura. Quienes acudieron no sabían que en esa reunión fueran a plantearse cuestiones de tal envergadura. Mucho menos que Santiago Carrillo ya hubiera cerrado el compromiso con el gobierno. Allí, en tono grave, Santiago Carrillo planteó:
Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy antes de la guerra. En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va a la democracia o se entra en una involución gravísima que afectaría no sólo al partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición, sino también a los reformistas e institucionalistas.
A continuación, leyó la resolución que traía preparada y que inmediatamente después se hizo pública en una rueda de prensa en la que el Comité aparecía posando con una enorme bandera rojigualda al fondo, que los disciplinados funcionarios de Carrillo tenían preparada. Estas fueron exactamente sus palabras ante la prensa:
Si en el proceso de paso de la dictadura a la democracia la monarquía continúa obrando de una manera decidida para establecer en nuestro país la democracia, estimamos que en unas próximas Cortes nuestro partido y las fuerzas democráticas podrían considerar la monarquía como un régimen constitucional y democrático […]
La resolución se había aprobado sin ningún voto en contra. Solo hubo 11 abstenciones, básicamente de vascos y catalanes. En sus memorias el secretario general justificó la decisión en los siguientes términos. Según Carrillo, el debate sobre la forma de Estado habría dividido a la oposición en un momento en el que la unidad era necesaria para negociar con el gobierno. La reivindicación de la República podría incentivar un golpe de Estado en los involucionistas, so pretexto de socorrer al monarca. El referéndum habría revitalizado en la sociedad española la división de los años treinta, en contra de lo establecido en la política de reconciliación nacional. Además, decía Carrillo el resultado habría sido desfavorable a la república.
El brusco giro se vio agravado por una práctica que se volvería recurrente en la dirección comunista durante la Transición, y que, con el tiempo, tendría consecuencias peores sobre la moral de la militancia que las derivadas de las decisiones adoptadas: la de hacer en muchos casos de la necesidad virtud. Como se verá, en vez de caracterizar la monarquía como una institución que el partido había aceptado forzosamente a cambio de la legalización, buena parte de la dirección pasó a respaldarla positivamente, argumentando que la reducción de sus competencias y su compromiso con la democracia la hacían compatible con el desarrollo de políticas socialistas. La legalización del PCE entrañó una importante coacción ideológica que difuminó su republicanismo, entendido no sólo como apuesta por una forma de Estado, sino como toda una cultura cívica ligada a esa concepción del Estado y a un legado histórico abandonado en el exilio. El empecinamiento por racionalizar políticamente la aceptación de la monarquía difuminó más esa cultura y ese legado.
Este texto pertenece a un extracto del libro ‘Un siglo de comunismo en España I. Historia de una lucha’ dirigido por Francisco Erice y escrito por Juan Andrade, Pere Ysàs, Emanuele Treglia , Eduardo Sánchez Iglesias , Carme Molinero, José Luis Martín Ramos, Jaime Aja Valle y Fernando Hernández Sánchez.