En los inicios, los golpes de Estado fueron básicamente militares –la lista es interminable–; pasado el tiempo –con Venezuela– se inauguraron los golpes mediáticos. Cuando los medios perdieron su credibilidad, dejaron de ser suficiente para consolidar los derrocamientos de presidentes legítimos y, entonces, se hizo necesario darles una pátina de objetividad, para eso se recurrió al retorcimiento de las leyes y a una judicatura corrompida. Para cubrir esas necesidades, nació el lawfare.
El lawfare es un término que, como señala el abogado Enrique Santiago en las siguientes páginas, consiste en generar una «guerra jurídica» que se despliega esencialmente a través del uso ilegítimo del derecho interno de cada país o del derecho internacional.
El mecanismo se basa en detectar delitos o comportamientos sobre los que haya unanimidad de repudio, y que además hayan despertado la indignación generalizada entre la ciudadanía (corrupción, robo, fraude). Si se quiere desactivar a un líder político, bastará con imputarle ese delito y su prestigio terminará hundido. En un sistema judicial saneado, el mecanismo para que la acusación sea creíble requeriría una sentencia firme de los tribunales. Sin embargo, las coyunturas y contextos por lo general son más complejos, y los mecanismos con los que se bombardea la imagen de un político son múltiples y complementarios. De modo que el inicio del proceso legal, la campaña de culpabilización en medios afines, el despliegue de testimonios acusatorios ad hoc, la preparación ante la opinión pública de supuestas pruebas, todo ello puede generar ya una sentencia popular –sea o no cierto el delito cometido– y, por tanto, una desactivación del oponente político. Y cuando eso no es suficiente, siempre se puede recurrir a los vericuetos de un sistema judicial corrupto o, al menos, permeable a un cierto nivel de corrupción: una elección del juez adecuado o apartar al juez que moleste, una prisión preventiva sin necesidad de sentencia, una adecuada elección de pruebas, la eliminación de otras, etcétera.
De todo esto trata este nuevo libro de la colección A Fondo, El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley, escrito por la politóloga y doctora en Relaciones Internacionales, y en Estudios Latinoamericanos, Arantxa Tirado, quien nos aportará todas las claves. Por ejemplo, quién es el principal actor que recurre al lawfare como estrategia de guerra y contra quién.
Tirado nos explica que el lawfare se enmarca en lo que se ha venido a llamar la guerra híbrida: el uso combinado de fuerzas bélicas regulares junto con otras irregulares. Es decir, el uso añadido de actividades informativas, ciberinformáticas, diplomáticas y financieras que complementan las acciones de la guerra tradicional. De este modo, el lawfare se camufla como legalidad cuando es sólo un arma de guerra más. Es verdad que históricamente los medios irregulares eran más recurridos por los bandos más débiles, sabedores de que en el choque militar abierto y frontal tenían más posibilidades de perder. Sin embargo, vivimos tiempos en los que el poder de la opinión pública mundial ya no permite que los poderosos puedan actuar con la impunidad y licencia que históricamente utilizaron. Hace falta convencer de tu autoridad moral y de la legitimidad de tus acciones. Ya en 1928, el aristócrata pacifista Arthur Ponsonby desarrolló su «Decálogo de la propaganda de guerra», es decir, los diez principios (o mandamientos) con los que se interviene la opinión pública para justificar una guerra. De este modo, la aplicación de estos principios ha requerido que las potencias dominantes recurran a estrategias diferentes, más allá de la aplastante acción militar habitual en el siglo pasado.
El lawfare forma parte de esa estrategia, pero en un entorno de paz. Y ha podido resultar eficaz no sólo para neutralizar líderes políticos, sino incluso para tumbar Gobiernos y asegurarse de que esos mismos gobernantes no puedan optar a nuevos mandatos, incluso si tuvieran el apoyo ciudadano. La autora de El lawfare se centra en la región que más ha sufrido este tipo de guerra, América Latina y el Caribe, y nos muestra quién está detrás de su planificación y ejecución: Estados Unidos con su tremendo aparato de injerencia judicial y mediática.
El golpe de Estado contra Hugo Chávez de 2002 nos mostró una operación de derrocamiento de un Gobierno legítimo mediante el poder de los medios de comunicación. En aquella ocasión vimos cómo un cártel de televisiones privadas orquestaba una secuencia de falsedades y una acción desestabilizadora. Con el paso de los años, hemos visto cómo los medios se han ido desprestigiando hasta el punto de que ellos solos ya no son suficientes para ejecutar el golpe. Así, a las campañas de acoso y derribo de los medios hay que añadir una pátina de neutralidad y apoliticismo. Para conseguir ese maquillaje de rigurosidad se recurre al sistema jurídico y judicial, que parece que en el Estado de derecho mantiene esa imagen de rectitud buscada. Sin embargo, a pesar de esa imagen de honestidad y pulcritud, la realidad es que se pueden manejar todos los resortes del sistema judicial, retorcer las leyes, decidir arbitrariamente nombramientos judiciales para premiar a los débiles y castigar a los íntegros.
En este libro, Arantxa Tirado lo que nos explica con todo detalle es cómo de lo que se trata es de poner la maquinaria «legal» a trabajar para derribar a esos líderes latinoamericanos cuyo único «delito» era gobernar para los más desfavorecidos y que, por eso mismo, eran elegidos y vueltos a elegir por sus pueblos.
Si Marx nos decía que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante y si después hemos visto que los medios de comunicación dominantes son los medios de la clase dominante, Tirado nos muestra cómo el poder judicial puede ser también el poder judicial de la clase dominante. Se recurre a leyes injustas y jueces corruptos para derrocar a Lula da Silva en Brasil, a Nicolás Maduro en Venezuela, a López Obrador en México, a Cristina Fernández en Argentina, a Rafael Correa en Ecuador. Leyes injustas o mal aplicadas y jueces corruptos para combatir la voluntad popular y la democracia, igual que un día lo hicieran los tanques y los sables.
Por ejemplo, se nos muestra que lawfare fue el proceso para inhabilitar al ahora presidente de México, López Obrador, por intentar abrir una calle de Ciudad de México para dar acceso a un hospital y se nos alerta de que otro proceso de lawfare podría activarse contra él. Quizá para procesarlo por homicidio, porque, al parecer, un niño no recibió la quimioterapia necesaria en otro hospital. También fue lawfare lo que se hizo contra Lula da Silva, porque se le acusó de recibir un apartamento de 600.000 dólares en el que nunca había estado ni se encontraba a su nombre. Lawfare fue intentar destruir el Partido de los Trabajadores de Brasil difundiendo el juez los nombres de los miembros de este que se encontraron en un listado de un directivo empresarial, pero ocultando los otros 300 de otros partidos políticos. O presentar como prueba para procesar a Rafael Correa un cuaderno contable de pagos indebidos escrito varios años después de los supuestos pagos. O la Fiscalía acusando a Cristina Fernández de encubrir a iraníes por una masacre en Buenos Aires, cuando lo que hizo fue mediar con las autoridades de Irán para realizar una investigación conjunta, una decisión ratificada por el Congreso.
Si durante décadas hemos agradecido poder escuchar las voces que señalan y denuncian a los militares golpistas y nos explican sus modos de intervención, ha llegado el momento de agradecer a quienes ahora señalan y denuncian las nuevas formas de golpismo. Este libro, El lawfare, y su autora, Arantxa Tirado, forman parte de esas voces.
Pascual Serrano
El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley – Arantxa Tirado Sánchez
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