María José Rodríguez Rejas
México es, sin duda, el caso de mayor vinculación y dependencia de un país latinoamericano en relación con EU, no sólo por su cercanía y por compartir tres mil kilómetros de frontera, lo que tiene importantes implicaciones a nivel económico, político y de seguridad, sino por la relación de subordinación que se ha institucionalizado en estos últimos treinta y cinco años, llegando hasta condiciones que hubieran sido impensables en otros momentos de su historia. No sólo es uno de los países más grandes de América Latina en extensión —es el tercer país de la región, después de Brasil y Argentina, con cerca de 2 millones de km²— sino también en cantidad de población —es el segundo país, con 110 millones de personas—.
El saqueo y la destrucción económica
Además es uno de los países de América Latina que cuenta con importantes recursos energéticos (petróleo, gas, energía eólica, hidroeléctrica), de los que ya depende de manera importante EU y tiene reservas de agua, minerales, tierras cultivables y, sobre todo, recursos de la biodiversidad. Al mismo tiempo, es el país de América Latina con la economía más dependiente del mercado estadounidense, tanto para colocar sus productos como para adquirir lo que el país necesita. Ni siquiera Colombia, que podría considerarse otro de los países que ha estado más amarrado a las directrices de EU en años recientes, está en una situación similar; sus mercados de exportación e importación así como sus inversiones no tienen la situación de dependencia que enfrenta México en este momento. Es también el país que sigue alineado a la ortodoxia neoliberal, podríamos decir que a pesar de los resultados socioeconómicos desastrosos, o más bien, por eso, porque la concentración y enriquecimiento de las élites nacionales y extranjeras no tiene comparación con ningún otro momento, salvo la dominación oligárquica durante el porfiriato, a fines del siglo XIX.
La institucionalización de esa relación subordinada a EU es un hecho inédito en la historia del país, y de América Latina. Con NAFTA y ahora con el TPP, se institucionalizan los lineamientos de política económica y las condiciones de intercambio y acceso a los recursos. A la par, se redefinen las políticas sociales y se ponen en marcha las reformas legales acordes en distintos campos. Esa institucionalización, como vimos para la situación de América Latina en general, amplía su proyección al ámbito de la seguridad y defensa (ASPAN, Proyecto Mesoamérica y Plan México). La norteamericanización de la seguridad es parte de la estrategia geopolítica estadounidense para acceder al territorio y sus recursos, así como ampliar su hinterland hacia el sur.
El resultado será el saqueo y destrucción de un país y su gente, lo que, por lo demás, resultará funcional a la subordinación y control. Al expolio de los recursos estratégicos, naturales y humanos, realizado con la connivencia de las élites nacionales, se suma la política de guerra en relación con el narcotráfico. El saqueo y destrucción económica del país, como veremos, va acompañado de la descomposición tanto de las instituciones clave, que el Estado construyó durante décadas, como del tejido social básico que es violentado permanentemente a la par que se reproduce la violencia.
Si revisamos los cambios políticos de la región en los últimos años, inevitablemente surge la pregunta: ¿dónde quedó México? Hemos visto distanciarse a este país del resto de América Latina y acercarse subordinadamente a los lineamientos políticos de EU. Durante estos años, a diferencia de América Latina, México ha sido, junto con Colombia, una excepción en la dinámica de cambio y más bien ha continuado profundizando el continuismo neoliberal en su política interna así como la condición dependiente y subalterna en su relación con Estados Unidos. El único intento de un mínimo cambio político fue neutralizado en 2006 a través de una situación denunciada como fraude electoral que llevó a la movilización de miles de ciudadanos en las calles pero que no pasó a mayores. Mientras muchos de los países del sur tomaron una ruta alterna a la ortodoxia neoliberal, con diferentes formas, y trataron de crear espacios colectivos de integración, México siguió alineado al norte. El resultado económico y social de esta ortodoxia neoliberal es desastroso.
Una situación de guerra
Hoy, el país que construyó una institucionalidad para poner en práctica políticas sociales con proyección nacional —no obstante las limitaciones en los estados y zonas rurales, y no obstante también que las medidas de distribución fueron acompañadas de cooptación y represión selectiva—, está sumido en el desastre de una violencia sin parangón en su historia independiente, tanto por la magnitud como por las formas de la violencia.
El país que había cuidado su imagen internacional durante décadas, al punto que se proyectaba e incluso estudiaba como el caso sui generis latinoamericano porque no había tenido presencia militar con golpes de estado —aunque sí procesos de guerra sucia en los sesenta, sobre todo en Guerrero y el sur, y en los ochenta con las guerrillas del norte—, es hoy portada de noticieros y revistas en el mundo que hablan de una situación de guerra, con asesinatos, torturas, violaciones, cuerpos amputados, desaparecidos, desplazados. Entre 1997 y 2013, hubo 257,121 homicidios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP). Sólo en 2013 hubo 18.388, también de acuerdo a los datos oficiales del SESNP; los desaparecidos entre 2007 y 2014 ascienden a 23.2724 y los desplazados de la guerra del narcotráfico se estiman en 160.000. El secuestro y la extorsión siguen una curva de ascenso permanente desde 1997, que no es revertida por la baja en algunos años. Las cifras de muertos, desaparecidos y desplazados en los últimos años, sin duda, dan cuenta de una situación de guerra.
Las medidas para enfrentar el problema del narcotráfico están insertas en la lógica de seguridad y lineamientos estadounidenses, de manera que tienen un carácter punitivo y militar, lejos de políticas de inserción social y distribución socioeconómica que detengan la exclusión y pobreza, que se convierte en caldo de cultivo de la delincuencia. Estas medidas sólo han profundizado la violencia sin mostrar eficiencia en sus resultados sobre producción y distribución de droga, lo que también sucedió en el caso de Colombia. A pesar de estos antecedentes, la estrategia se mantiene y con ella la inserción cada vez mayor de México en la estrategia de seguridad de EU para la región (concepciones, lineamientos, instituciones y programas de formación de los cuerpos de seguridad).
Entre las especificidades que hacen de México un caso relevante de estudio, está la velocidad con que se ha dado este proceso de destrucción del tejido social y de crecimiento exponencial de la violencia. También la pérdida de un papel de interlocutor y de liderazgo en el escenario latinoamericano que supo ocupar políticamente, mientras que hoy aparece fragmentado y aislado en sus relaciones con otros países de la región, salvo en relaciones inscritas en el campo de intereses de EU, como sucede con el Proyecto Mesoamérica. Un país que tuvo importantes niveles de desarrollo productivo propio, llegando incluso a la producción de bienes de equipo, situación que alcanzaron pocos países de América Latina salvo Brasil o Argentina, hoy es un centro financiero dependiente del exterior en el campo industrial y agrícola. De hecho, pasó a ser un país con dependencia alimentaria y ni siquiera alcanza a producir el maíz que consume, que es un insumo clave e histórico.
El caso de México, es el ejemplo de dónde puede llegar la destrucción de un territorio y su población. Los últimos quince años son la historia de lo inimaginable y no se atisba el límite. La pobreza y exclusión no se detienen, así como la destrucción del tejido productivo y del empleo, de las instituciones, del sistema de justicia y la impunidad que pasó a ser condición de vida cotidiana. La delincuencia y la violencia crecen y se expresan con una brutalidad que sobrecoge.
La violencia que hoy vive el país, sin duda no empieza ahora. Ésta se sostiene en la violencia de las políticas de pauperización de la población y destrucción de las instituciones de distribución estatal; es decir, en las medidas neoliberales que se han ido profundizando y ampliando en estas más de tres décadas (destrucción del tejido productivo, del empleo, de la movilidad social a través de la educación y el trabajo, de la asistencia perdida en salud, vivienda y vejez, etcétera). Desde entonces ya venimos asistiendo a una disputa por el territorio y a un proceso de apropiación y concentración de la riqueza y el poder. La economía ilegal pasa a ser una parte del motor económico del país. Así, la violencia del capitalismo se acrecienta y expresa de distintas formas. México vive en una situación de guerra en la que la violencia adquiere proporciones y formas inimaginables hasta hace no mucho tiempo; el impacto del silencio y el trauma ante lo que no se puede nombrar es una muestra de ello, muy similar a lo que sucedió en Colombia. El cuerpo pasa a ser objeto de violencia, herramienta de comunicación y mensaje, y reducto último de lo que se teme perder, que es la vida; lo único que le queda a una población que fue despojada durante décadas en ese ejercicio de violencia que caracteriza al capitalismo de saqueo.
Las contradicciones que se desatan en la dinámica de este patrón de acumulación y sus relaciones políticas son muchas y complejas, siendo una de ellas el impacto en la imagen y papel de los cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas que desde el momento que fueron incorporadas a la lucha contra el narcotráfico, han ido perdiendo la valoración positiva que la sociedad tenía de ellas. Durante años había sido la institución estatal mejor valorada por la población. Al mismo tiempo, la violencia se reproduce desde los distintos actores de la guerra y muta sin control, como un virus de consecuencias imprevisibles. En el caso de México, una de las características que podemos encontrar, es que los actores de la guerra no parecen tener contenciones, de manera que grupos dentro de los cárteles crean sus propias organizaciones en escalas más pequeñas como fractales de imprevisibles consecuencias cuando la violencia se masifica y expande o cuando se desdibuja la frontera entre estas organizaciones ilegales y partes de los cuerpos de seguridad que se corrompen y acaban al servicio de los mismos. El escenario tiene, sin duda, un altísimo nivel de complejidad.
México es un territorio geoestratégico vital para la expansión de EU en América Latina y la competencia de bloques en la que está inmerso. Reconstruir el campo social y las condiciones que enfrentan las personas que habitan los territorios en disputa, como es el caso de este país, nos permite entender mucho mejor las condiciones que se viven actualmente. El país de América Latina que tiene la mayor cantidad de acuerdos económicos de y de seguridad con EU ( NAFTA, TPP, Comando Norte, Proyecto Mesoamérica, aspan, Plan México), tiene los peores resultados económicos y sociales de la región.
La estela de saqueo del territorio es tal que cuesta imaginar qué será de este país cuando se agote el ciclo extractivista. ¿Estamos ante una forma de desestabilización, sin intervención militar explícita, que lleva hasta las últimas consecuencias el proyecto intervencionista de EU en la región usando el presupuesto y recursos de seguridad locales; es decir, logrando el propósito de hacer de las fuerzas de seguridad del país “huésped” una fuerzas subalternas a los intereses geopolíticos de EU? ¿Es éste el equivalente de los procesos de desestabilización y guerra de Medio Oriente pero en una versión inscrita socioculturalmente en las características de América Latina, como plantean los manuales estadounidenses sobre la importancia de reconocer las especificidades del lugar en que se actúa?
El texto de esta entrada es un fragmento de: “La norteamericanización de la seguridad en América Latina”