Pascual Serrano
Estamos asistiendo en las últimas semanas a la emisión de numerosas series donde se recogen historias y sucesos truculentos reales, true crime se llama el género. En realidad estos asuntos siempre tuvieron sus importantes audiencias, de ahí que era de prever que las plataformas entraran en ese potencial mercado.
Uno de los últimos en estrenarse en El caso Asunta, en Netflix, sobre la investigación judicial en torno al asesinato de la niña de doce años Asunta Basterra Porto en septiembre de 2013. Sus padres fueron condenados a 18 años de cárcel por el delito de asesinato con la concurrencia del agravante del parentesco. Cinco años después, la madre, Rosario Porto, se suicidó, la encontraron ahorcada en la celda donde cumplía la condena.
El pasado abril también comenzó a emitirse en HBO Max la serie El caso Sancho, un documental que ahonda en el caso y en el juicio en Tailandia de Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho. Se le acusa del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, un crimen que está teniendo mucho protagonismo en las televisiones españolas. El primer capítulo cuenta con el testimonio inédito de Rodolfo Sancho, y el resto se emitirán a lo largo de 2024 una vez que el juicio haya concluido.
Como era de prever, ha surgido la polémica ética sobre hasta qué punto es aceptable la “recreación” de estas tragedias cuando ha pasado muy poco tiempo de los hechos y sus protagonistas siguen vivos.
Eso es lo que ha puesto en evidencia Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, al enterarse de que estaba preparándose un documental sobre el asesinato de su hijo en 2018. Ramírez anunció que emprenderá acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental que contaría con la participación directa de su asesina, Ana Julia Quezada, pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).
Sobre este tema acaba de escribir Paula Corroto en El Confidencial. Corroto escribió el libro “El crimen mediático. Por qué nos fascinan las noticias de sucesos”, donde, como ella recuerda, “intentaba ahondar en cómo las noticias de sucesos se habían transformado en algo más que noticias -de hecho, habían dejado ser información pura y dura- para convertirse en creadoras de opiniones fundamentalmente conservadoras, no poco misóginas y, en muchas ocasiones, de carácter punitivo. Noticias que, una vez que se había relatado el suceso como tal —primero la desaparición, después el asesinato— empezaban a alargarse como chicles en los matinales televisivos, pero también en periódicos de prestigio rezumando amarillismo por los cuatro costados. La muerte y el dolor convertidos en espectáculo donde tertulianos de cualquier pelaje discutían con ningún dato certero sobre la mesa. Y así podían estar meses en los que una caja registradora no dejaba de hacer clinclin”.
En el libro, Paula Corroto indaga en el tratamiento mediático de varios crímenes, desde la desaparición de Marta del Castillo en 2009, pasando por los niños de José Bretón en 2011 y por Diana Quer en 2016, hasta llegar a Gabriel Cruz en 2018. Al debate en torno a la cobertura informativa ahora se suma el debate en torno a cuánto es ficcionable, es decir, qué parte de la realidad puede ser alterada por los guionistas de una serie de televisión en beneficio de la historia, teniendo en cuenta que los protagonistas de las series tienen los nombres reales del suceso. Y, por último, surge la pregunta acerca de lo aceptable de la monetización que puedan hacer empresas y algunos de sus protagonistas y testigos de la tragedia